Desde hace ya varias administraciones y cada cuatro años en Bogotá, asistimos al ritual de la Planeación Participativa en forma de Encuentros Ciudadanos; una especie de momento de comunión entre la administración y la ciudadanía, en el que los vecinos interesados, líderes y sabedores del territorio, expresan y hacen catarsis para manifestar las necesidades, potencias, sueños y demandas de las gentes del territorio y la administración hace pública su intención de construir colectivamente y con la gente, el Plan de Desarrollo Local como quiera que este se llame. Este año el ejercicio además incluyo el poder decidir la priorización de los conceptos de gasto que estaban predefinidos por el Plan de Desarrollo Distrital y que obtuvieron su porcentaje presupuestal correspondiente, trascendiendo así en algo el carácter consultivo que hasta ahora ha tenido la participación.
Cada
cuatro años se repite la urgencia de aportar y revisar diagnósticos, líneas
base, documentos de empalme, memorias, matrices, fichas técnicas que le
permitan a la nueva administración entender la realidad local, aprehender el
territorio; herramientas que le faciliten dimensionarla en su justa medida y
reconocer en ella el valor simbólico y expresivo que la caracteriza. Cada
cuatro años se repite un vertiginoso proceso de pedagogía de la participación para
tratar de sensibilizar aceleradamente sobre la importancia de decir, de opinar,
de mirar sobre lo que a todos como ciudadanos nos interesa: lo público, el
bienestar y el buen vivir de quienes habitamos y convivimos en este territorio
y dentro de estos límites de lo que llaman Teusaquillo.
Es
por ello que pensar el Desarrollo en clave de Cultura Ciudadana,[1] en donde la norma
administrativa se cruza con el hacer ciudadano, en donde la verticalidad del
sistema burocrático se encuentra con la horizontalidad de la ciudadanía libre y
espontánea, como lo propone este Nuevo Contrato social y Ambiental para la ciudad y para la localidad,
se convierte en reto para la ciudad y en un desafío para las admiraciones a la hora de planear y cogobernar
con la sociedad civil; a la hora de concertar las decisiones y de definir
presupuestos.
Como todo contrato, que es en esencia un acuerdo entre
partes, este reconoce por un lado a la Administración como la institucionalidad
en pleno que tiene a su cargo la tarea del estado, que no es más que propender
y garantizar a la ciudadanía las condiciones de vida digna y bienestar con todo
y lo que ello implica en un estado de derecho como el nuestro y por otra parte
distingue a la comunidad como sujeto de derechos, como benficiario de la
planeación del desarrollo, como protagonista incidente en la planeación
estratégica del territorio. Como Nuevo Contrato este deberá suprimir,
cuestionar y transformar las cláusulas del anterior que restrinjan, constriñan
o recorten los derechos y los deberes de la ciudadanía en la construcción de
localidad y sean contrarios a las necesidades, intereses y expectativas de la
comunidad.
Pensar un Nuevo Contrato social y ambiental implica una nueva
manera de relacionamiento entre la administración y la comunidad y de ellas con
el planeta, todas en un acuerdo de beneficio Socio Ecológico ambiental y Climático [2] que
permita redimensionar el modelo de gobierno y ampliar el espectro del ejercicio
de la ciudadanía, mas allá de votar y pagar. Implica también una manera
diferente de abordar el desarrollo y el buen vivir con nuevas maneras de ser y
hacer, con una nueva cultura, con nuevas buenas practicas que permitan
construir políticas y planes de manera colectiva y ascendente, fundados sobre
los valores que faciliten avanzar en el reconocimiento y la valoración del otro
en la práctica.
Este reconocimiento en la práctica se da en la visibilización,
en la escucha, en la respuesta efectiva y oportuna, en el nombrar, en la valoración
de la voz ciudadana que surge de los territorios, en la legitimación de los diagnósticos
perceptivos del vecindario que conoce su barrio más allá de la mirada
institucional siempre técnica y estadística. El reconocimiento del otro en este
Nuevo contrato social y ambiental, radica también en que las metas de los programas
planteados se ajusten a las expectativas, las aspiraciones y las necesidades
expresadas por los ciudadanos en los escenarios de participación este año y no
a los objetivos y sesgos de una administración que tenga de antemano trazado el
destino de la localidad.
Un Nuevo Plan de Desarrollo para Teusaquillo fundado en un
Nuevo Contrato Social y Ambiental, obliga a considerar todo lo que Teusaquillo
significa para quienes habitan en su territorio y para la ciudad que encuentra
en ella una oferta de servicios y recursos de los cuales disfruta a diario. Un nuevo plan de Desarrollo para Teusaquillo
implica reconocer que Teusaquillo es territorio y lugar de referencia, nodo y
coordenada básica del desarrollo cultural de la ciudad, modelo de desarrollo ambiental
y sostenible, motor de impulso a la economía Bogotana, pero requiere también aceptar
que es una localidad con carencias, debilidades y vacíos que requieren de
voluntad política y carácter institucional para ser satisfechas y suplidas.
Teusaquillo se merece un plan nuevo, diferente del anterior,
que le permita fortalecer su identidad como una localidad, un plan que le
permita reconocerse en sus aspiraciones y sus metas, un plan que determine el
derrotero del progreso y la inclusión, del cumplimiento voluntario de la norma
y la corresponsabilidad social, de la
solidaridad entre vecinos que “tejen Barrio”[3]. Teusaquillo se merece un Plan que la
posicione en la ciudad más allá de ser una localidad Dotacional y de servicios,
un Plan que la dignifique y le permita ser reconocida como motor de la ciudad,
necesita un Plan que le dé nuevos Aires y que le permita respirar mejores
niveles de vida que se correspondan con las expectativas de la comunidad que la
vive a diario.
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